La ley de Educación Común se aprobó el 8 de julio de 1884, después de intensos debates en el Congreso Nacional y en la prensa. 

La polémica acerca de la ley de la educación fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance, en la historia Argentina. Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado sobre la educación dividieron a la generación del ochenta. Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela.

En 1883, el Congreso comenzó a discutir un proyecto mediante una iniciativa apoyada por los católicos desde la Comisión de Justicia, Culto e Instrucción, presentada a las Cámaras por Mariano Demaría. Después de un largo debate en el que intervinieron, entre otros, Eduardo Wilde, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Onésimo Leguizamón y Tristán Achával Rodríguez, el proyecto fue rechazado. Inmediatamente la mayoría liberal del Congreso presentó otro alternativo, el que fue aprobado con algunas modificaciones.

Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado. Los liberales impulsaron un programa secularizador, por el cual la Iglesia católica perdió parte de sus potestades en cuanto al registro civil, la educación y el matrimonio. En ese marco, la religión en las escuelas fue el nudo del debate. Finalmente, la ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar.

La ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley.

Más allá de cualquier crítica que pudiera hacérsela a la ley 1420 promulgada el 8 de julio de 1884, fue un importante paso en el establecimiento de derechos para la población residente en el territorio argentino, al establecer la escuela obligatoria, gratuita, laica, común a todos y gradual. Estaba dirigida tan sólo al nivel primario.

Las discusiones sobre la ley, en su momento, pusieron en evidencia distintos puntos de vista en torno a la enseñanza y a la función de la religión – debates importantes entre la llamada generación del ’80.

Fruto de este debate devino en la pérdida, para la Iglesia católica, de sus potestades en lo atinente a registro civil, educación y matrimonio. Debido a sus fuertes presiones, la ley no mencionó el carácter laico de la educación y así permitió que la educación religiosa fuera considerada opcional (con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar).

La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley. Los padres estaban obligados a enviar a la escuela a sus hijos. Por último, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación –privada o pública- quedó en manos del Estado.

En las décadas siguientes – y hasta el día de hoy – la ley se convirtió en una divisoria de aguas de los sucesivos enfrentamientos ideológicos que atraviesan las distintas posiciones en el país.

Educación en la democracia

El presente documento fue aprobado en la última Asamblea de Consejo Federal del día 27 de noviembre 2003 por los ministros de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y por el ministro de Educación de la Nación.

Es prioritario también ofrecer el servicio educativo de mayor calidad a los sectores sociales más empobrecidos. En este tiempo en que renace la esperanza colectiva, nosotros queremos rescatar el sueño de alcanzar una escuela mejor:

Una escuela abierta.

Que sea el lugar de la memoria, recuperando nuestra tradición cultural argentina y latinoamericana. Una escuela abierta a la innovación, estrechamente vinculada a su medio social. Una escuela que se constituya en instancia de diálogo entre alumnos, directivos, docentes y familias. Una escuela, que confíe en los niños y jóvenes de hoy valorizándolos y ofreciéndoles propuestas pedagógicas atractivas.

Una escuela justa.

Que sea capaz de luchar contra toda forma de injusticia, discriminación, intolerancia y no reproduzca en su interior las heridas sociales.

Una escuela democrática y solidaria.

Que ratifique la responsabilidad y la autoridad de los adultos, pero que construya la validez de esa autoridad y de sus normas en el intercambio, la participación y los consensos. Una escuela que reafirme los valores de nuestra identidad histórica: la solidaridad, el respeto por las personas y las instituciones, la paz y la justicia social.

Una escuela federal.

Que complemente la vocación de los gobiernos provinciales por hacerse cargo de sus sistemas educativos y que genere un compromiso efectivo con el medio en el que está inserta. El mundo globalizado debe afrontarse desde el fortalecimiento de la propia identidad y una fuerte identificación con lo local.

Una escuela que reafirme y renueve sus objetivos fundacionales.

Que pueda recuperar su significado social y educativo. Una escuela concentrada en enseñar y aprender cuyo sentido se decida en el aula, no en el comedor.

Una escuela esforzada.

Que afirme el valor del empeño y el trabajo constantes para alcanzar objetivos significativos. Que estimule el desarrollo de las capacidades y reconozca el mérito en sus alumnos. Que sea una institución reflexiva en constante aprendizaje.

Hemos atravesado momentos de gran turbulencia y tribulación para nuestro pueblo. Inaugurar este proceso responsable y riguroso de evaluación de lo realizado en estos últimos 20 años es un gran paso adelante. Asumimos nuestra responsabilidad y desde nuestra experiencia nos sentimos autorizados para aportar a la construcción de la nueva agenda educativa de la democracia.

Deseamos dejar sentado nuestro inmenso respeto por el esfuerzo cotidiano realizado por los docentes en las aulas, afrontando condiciones sociales cada vez más desfavorables para enseñar y aprender, sin permitirse bajar los brazos.

Estamos lejos de la educación de calidad a la que la sociedad argentina aspira. Hay niños, jóvenes y adultos aún fuera de las escuelas, y otros que están dentro recibiendo una educación insatisfactoria. Nos comprometemos a seguir trabajando para encontrar respuestas a estos desafíos sosteniendo a la educación como fuente de esperanza para nuestro pueblo.

(fuentes: Archivo de Entre Ríos y AIM)